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- El Congreso aprueba la reforma fiscal pero la alianza de PP, Junts y PNV veta el impuesto a las energéticas
El Parlamento aprueba el tipo mínimo global del 15% a multinacionales, el nuevo impuesto de hasta el 7% a la banca, el alza del tipo marginal del ahorro al 30%, la reactivación de las alzas societarias de Montoro y rebajas a pymes
El Parlamento dio el visto bueno definitivo ayer a la reforma fiscal impulsada por el Gobierno tras una agónica negociación con sus socios parlamentarios, que ha dejado relevantes medidas recaudatorias por el camino, y lo hace rechazando finalmente el grueso de la batería de rebajas fiscales promovidas por el PP durante su tramitación en el Senado. Sin embargo, los populares lograron el apoyo de PNV y Junts para derogar formalmente el gravamen a las empresas energéticas, lo que le permite asestar un nuevo varapalo al Ejecutivo.
La norma aprobada por el Parlamento incluye una considerable batería de medidas tributarias, como ya resume su nombre oficial: Proyecto de Ley por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, un Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco.
La gran novedad que deparó la sesión fue el apoyo de Junts y PNV a la enmienda del PP que da la puntilla al impuesto a las entidades energéticas, que el Gobierno se ha comprometido a prorrogar con el ala izquierda del Hemiciclo. El Consejo de Ministros, de hecho, tiene previsto aprobar el lunes la extensión por decreto del actual gravamen durante un año, pero la votación de ayer confirma la oposición frontal de PNV y Junts a un tributo que dejan condenando a desaparecer.
El cuerpo central de la ley aprobada ayer parte del texto de transposición de la directiva europea que introduce el tipo mínimo global del 15% para multinacionales. El objetivo es que las compañías con una facturación superior a los 750 millones de euros tributen al menos por el 15% de su resultado contable ajustado. Se trata del llamado Pilar 2, pactado por 138 países de la OCDE para evitar que las grandes corporaciones tengan actividad en ciertos territorios aprovechando que se limitan a tributar por sus sedes en otros países con menores impuestos. España, que debió adaptar la norma a su legislación antes de 2024, se jugaba ya una sanción comunitaria por el retraso acumulado, que llevó a Bruselas a denunciar al país ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
A partir de ahí el Gobierno y sus socios parlamentarios introdujeron, por la vía de enmiendas, una serie de medidas tributarias entre las que destaca la creación de un nuevo tributo a la banca, que sustituirá al vigente durante 2024, 2025 y 2026. La figura, que gravará el margen de intereses y comisiones de las entidades de crédito y sucursales nacionales o extranjeras por su negocio en España, cambia el tipo actual del 4,8% por una imposición creciente que es del 1% sobre los primeros 750 millones; del 3,5% hasta los 1.500; del 4,8% hasta los 3.000; del 6% hasta 5.000; y del 7% a partir de ahí. El pacto supone, además, que la recaudación se repartirá entre las comunidades autónomas en función del tamaño del PIB.
La mayoría parlamentaria también aceptó incrementar el tipo marginal del IRPF sobre el ahorro, que sube del 28% al 30% para los rendimientos del capital desde los 300.000 euros.
Una de las medidas con mayor impacto recaudatorio, que cierra una brecha de ingresos de unos 5.000 millones de euros, es la reactivación del triple alza societaria impulsada vía decreto en 2016 por el exministro Cristóbal Montoro y que el Tribunal Constitucional tumbó en enero. La aprobación ahora como ley permite que el límite para compensar bases imponibles negativas en empresas con una cifra de negocio superior a 20 millones vuelva a bajar del 70% al 50%, y caiga al 25% para las que facturan más de 60 millones. También se recupera el límite del 50% para aplicar deducciones por doble imposición, y la obligación de integrar en la base imponible deterioros de participaciones deducidos en años anteriores
Del lado opuesto, la reforma introduce una rebaja del Impuesto de Sociedades para las pymes con una facturación inferior a un millón de euros, que progresivamente hasta 2027 pasarán de contar un gravamen del 23% en el Impuesto de Sociedades a uno del 17% sobre los primeros 50.000 euros y del 20% a partir de ahí.
El paquete aprobado también incluye la creación de un impuesto específico al vapeo, alzas fiscales sobre el tabaco, un plan de medidas antifraude en el IVA de los hidrocarburos, o la adecuación de la tributación de los artistas a sus ingresos reales.
Las enmiendas del PP
A partir del texto original de la reforma fiscal aprobado en primer término por el Congreso de los Diputados, el Partido Popular aprovechó su mayoría en el Senado para tratar de modular la norma a sabiendas de que no sería capaz de tumbarla. La medida estrella era una rebaja decreciente del IRPF para los jóvenes de 18 a 35 años que bonifica su cuota tributaria al 100% el primer año; el 75% en el segundo; el 50% en el tercero y el 25% durante el cuarto ejercicio. Además, el PP introdujo enmiendas para bonificar hasta el 100% del nuevo impuesto a la banca a las entidades que rebajen sus hipotecas o financien vivienda a precio tasado; acelerar las rebajas fiscales societarias ya previstas para las pymes, activándolas plenamente en 2025 en lugar de 2027; o concediendo beneficios fiscales para los afectados por la DANA. Tan solo prosperó la exención tributaria sobre las ayudas que las empresas han concedido a afectados por la riada.
La mayoría de enmiendas del PP, por tanto, no prosperaron finalmente pese a que los populares propiciaron la aprobación de dos enmiendas menores de Junts. Una para favorecer fiscalmente a entrenadores de asociaciones deportivas y, otra para rebajar el IVA al 4% de productos de leche fermentada como los yogures.
El Partido Popular, que calcula que la reforma aprobada incrementa la presión fiscal en 8.800 millones se felicitó de que hayan quedado por el camino otros 6.500 millones de subida. A su vez, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se felicitó de haber logrado el apoyo mayoritario, de izquierda y derecha, a la reforma fiscal.
Hacienda prepara el alza al diésel y entierra la de las Socimis
La decisión de Junts y PNV de aliarse con el PP para derogar el impuesto a las empresas energéticas "no es ninguna sorpresa, y el Gobierno va a seguir intentando" aprobarlo, sostuvo ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que, de hecho, confirmó que el Consejo de Ministros del lunes aprobará la prórroga por decreto del gravamen a sabiendas de que decaerá un mes después, por falta de apoyos, cuando se someta a la convalidación del Congreso de los Diputados, admitió.
Entre las modificaciones que el Ejecutivo ha planteado promover sobre este gravamen para tratar de captar el apoyo de Junts y PNV están la introducción de fuertes bonificaciones a la inversión de las compañías en electrificación y descarbonización, y la cesión plena de la gestión de la nueva figura a los territorios forales, lo que requerirá que la convalidación del decreto de paso a su tramitación como proyecto de ley. Después de todo, la oposición de los grupos nacionalistas se fundamenta en buena medida en el riesgo de que empresas como Repsol opten por deslocalizar sus inversiones en territorio español si siguen sujetas al gravamen.
Con todo, desde el Ministerio de Hacienda asumen ya que, de momento, no se dan las circunstancias para mantener vivo un tributo que el último año le ha reportado unos 1.200 millones de euros en ingresos, y su foco está puesto ahora en sustituir esta vía de recaudación por la equiparación fiscal del diésel a la gasolina. Un alza de unos 10 céntimos por litro que estuvo a punto de prosperar dentro de la reforma fiscal pero a la que Podemos se acabó oponiendo "por error", según Montero. La vicepresidenta aseveró ayer que tienen pendiente negociar con los morados para tratar de garantizar su respaldo a esta medida por separado, que el Gobierno aspira a aprobar también el próximo lunes en el último Consejo de Ministros del año. La medida podría reportar a las arcas públicas los 1.500 millones de recaudación anual que la Comisión Europea ha exigido a España en el marco de su plan de reequilibrio de las cuentas públicas.
El objetivo es contar con ingresos adicionales por la vía de la fiscalidad medioambiental que complementen a los de la reforma tributaria, de forma que España pueda solicitar finalmente el quinto desembolso de ayudas Next Generation condicionadas a medidas tributarias.
Más allá, sin embargo, durante la negociación de la reforma fiscal se han quedado por el camino relevantes medidas tributarias. Entre las iniciativas que han quedado enterradas destaca la creación de un nuevo impuesto a la posesión de bienes de lujo, como jets privados, yates o coches de alta gama, que propuso Sumar y quedó rechazado.
Otra de las medidas que acabaron desechándose, pese a que contaban con el aval de PSOE y Sumar, fue la de poner fin al régimen tributario especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (las Socimis).
Tampoco salió adelante la supresión de la exención fiscal de la que gozan las primas de seguros sanitarios, lo que amenazaba con encarecer los planes privados.